Perspectiva:
Por Rafael Prieto Zartha
Los funcionarios de inmigración de la administración del presidente Barack Obama recularon y la Casa Blanca comenzó a hacer lo correcto al utilizar su discreción administrativa para evitar que continúe el devastador tsunami indiscriminado de deportaciones que ya superó el millón de expulsados, en su enorme mayoría hispanos.
El anuncio del jueves 18 de agosto de suspender la deportación de indocumentados que no son delincuentes es la primera acción tangible del actual gobierno de cumplirle a la comunidad hispana y de responder con algo real a la promesa ya evaporada de una reforma migratoria integral.
La orden de ir “contra lo peor de lo peor” con las actividades regulares de los agentes del Servicio de Control de Inmigración (ICE) y los programas de deportaciones Comunidades Seguras y 287g, había sido ignorada por los subordinados del director John Morton y sus socios de las agencias policiales locales, que hicieron una festín botando gente inerme del país.
La inmensa mayoría de los deportados por los programas de deportación no fueron asesinos, ladrones, violadores o profesionales del crimen: eso lo muestran las estadísticas del desglose de los tres niveles establecidos por ICE para la priorización de los deportables.
Yo sostengo que las estadísticas de ICE de más de 400 mil indocumentados delincuentes durante la administración de Obama no son transparentes y más bien han sido “cuchareadas” o amañadas para que los periodistas traguen entero y repitan como loros unas cifras que no han investigado, ni tampoco cuestionado.
Los organismos gubernamentales pertinentes y las unidades de periodismo investigativo de los medios de comunicación deberían indagar cómo se llegó a tales números y seleccionar algunos casos para determinar si existe precisión de los guarismos difundidos por ICE o son una farsa.
En los últimos dos años y medio de este país se ha sacado a jóvenes con futuro, madres lactantes, padres de soldados desplegados en Irak y Afganistán, humildes vendedores de mazorcas o paletas y a millares de millares de personas que habían cometido simples infracciones de tráfico y eso tenía que cambiar.
Después de que se hizo el anuncio, en la tarde y la noche del 18 devoré en la red cibernética cuanta información encontré sobre el tópico.
Me dio alegría ver a mi querida Katherine Vargas, del Foro Nacional de Inmigración (NIF), sentada en el “set” de Univisión al lado de Jorge Ramos y María Elena Salinas, explicando los alcances de la medida.
En la mañana del viernes 19 de agosto amanecí con una resaca de felicidad.
Mi tía Clarita me gastó una broma durante el desayuno: “Eso fue que Obama leyó tu columna del millón de razones para no votar por él, se asustó y anunció los cambios”.
Dudo que mi compatriota Luis Miranda, portavoz hispano de la Casa Blanca, se haya leído mi catilinaria, pero es innegable que las acciones de los jóvenes soñadores contra Comunidades Seguras y la tensión en las audiencias contra el programa de deportaciones hicieron reflexionar a los asesores de la Oficina Oval.
De la normativa se podrán beneficiar jóvenes que han estado en la misma situación que Erick Velazquillo, el soñador de Charlotte, al que le suspendieron la deportación, o Carlos Ramírez, a quien la policía del Charlotte acusó erróneamente de robarse una moto y lo puso al borde de la expulsión del país.
Serán muchos los que eventualmente resulten protegidos, pero eso sí: quienes no cuentan con estatus migratorio tendrán que portarse bien. Lo que se ha abierto no es una amnistía, ni una legalización, sino un alivio temporal para casos especiales. Y todo dependerá de que los funcionarios federales obedezcan las instrucciones del ejecutivo
De cualquier manera, en la noche del 19, me fui a mi restaurante rioplatense pre-ferido a escuchar las canciones de Serrat, Aute, y la nueva trova de la voz del cantante boricua David. Fue una noche para celebrar.
Rafael Prieto Zartha es el director editorial del semanario Qué Pasa-Mi Gente, en Charlotte, Carolina del Norte.