¡No Se Deje!
Por Lic. Jess J. Araujo
Dos recientes acciones sobre inmigración ilustran el fuerte compromiso que el gobierno federal tiene de garantizar que los estados no intenten aprobar leyes relacionadas con la inmigración. La posición del gobierno federal en el primer caso está correctamente establecida y respaldada por la Constitución de Estados Unidos que dispone que el gobierno federal tienen el derecho exclusivo de manejar y controlar la inmigración. Esos mismos principios prohíben a los gobiernos estatales aprobar leyes tocantes a inmigración.
La primera de esas acciones del gobierno federal tiene que ver con una demanda que el Departamento Federal de Justicia registró contra el Estado de Alabama para detener la implementación de una reciente ley anti-inmigrante en ese estado. Esa ley de Alabama, la HB 56, requiere que los oficiales de policía verifiquen el estatus migratorio de las personas que ellos “sospechen que son inmigrantes ilegales”. También dispone que sea crimen trabajar o solicitar trabajo en ese estado. La ley prohíbe que los caseros les renten a inmigrantes indocumentados y los vuelve inelegibles para recibir beneficios del gobierno estatal o local incluyendo la asistencia a universidades y colegios públicos.
La ley está programada para tomar efecto el 1 de Septiembre de 2011. La demanda federal establece que la ley de Alabama “excede el rol del estado con respecto a los extranjeros, interfiere con la administración equilibrada del gobierno federal en las leyes de inmigración, y socava peligrosamente los objetivos de la política exterior de EE.UU.”. Funcionarios federales insisten que esta ley resultará en acoso y encarcelamiento de inmigrantes legalmente admitidos y hasta de ciudadanos de EE. UU. que no podrán proveer en el momento una prueba de su estatus.
La segunda acción federal es rechazada enérgicamente por organizaciones pro libertades civiles y pro derechos de los inmigrantes por ser “dañina e injusta hacia los inmigrantes”. Pero una vez más la posición del gobierno federal es que los estados no tienen autoridad para hacer nada que afecte la inmigración. En 2008, el gobierno federal estableció el “Secure Communities Program” (en español Programa de Comunidades Seguras). Se les pidió a los estados, condados y ciudades firmar convenios con el gobierno federal que les requeriría enviar las huellas digitales de toda persona arrestada por felonías (crímenes graves) a las autoridades de inmigración.
Solamente 11 estados declinaron firmar los convenios. El programa originó luego una enorme cantidad de críticas de parte de organizaciones comunitarias, iglesias, organizaciones civiles y aún de los principales departamentos de policía. La mayor preocupación es que las víctimas y testigos de crímenes dejarían de reportar los crímenes (y criminales) a la policía o a testificar en corte, por temor a que los oficiales de policía proporcionen sus nombres a agentes de inmigración. Los gobernadores de California y de otros estados se han quejado que el programa erróneamente ha reportado a miles de personas por ofensas menores y a aquellos que finalmente no eran culpables.
Como resultado, muchos de los estados que firmaron el convenio decidieron terminarlo. El gobierno federal ha enviado cartas a los gobernadores de los 39 estados que firmaron los convenios para informarles que su consentimiento no es necesario y que se les exigirá cumplir con los términos del programa. Los estados tienen un fuerte argumento de que la Constitución de EE.UU. da a los estados el derecho para conducir las actividades para la aplicación de las leyes. ¡NO SE DEJE!
El Lic. Araujo es experto comentarista sobre asuntos legales. Puede comunicarse con el Lic. Araujo al 1-800-248-4100 Web Site: http://www.jessaraujo.com