Redacción La Prensa San Diego 
Después de casi siete años de lucha contra el gobierno federal, la justicia llegó para la familia de Anastasio Hernández Rojas, hombre de origen mexicano quien perdió la vida en la frontera de San Ysidro a manos de agentes fronterizos.
La solicitud de acuerdo por un millón de dólares llegó a finales del 2016 pero fue aceptada por su abogado y la familia a principios de este 2017, esto a pesar de que se buscaba llegar a la corte para demostrar al mundo la inocencia de Hernández y las injusticias del uso de la fuerza de los oficiales federales.
“Como ciudadano de los Estados Unidos tengo vergüenza de mi presidente y desgraciadamente con este señor como líder del gobierno tenemos el riesgo de que van a estar muchos Anastasios más, diez, veinte, o cientos en los próximos años”, señaló Eugene Iredale, abogado de la familia de Anastasio.
Otro de los factores que obligaron a la familia a aceptar el acuerdo del gobierno federal fue el cierre de este ciclo. María Puga, viuda de Hernández, dijo haber hablado con sus abogados y hacer notar que era momento de cerrar el ciclo y dar tranquilidad a sus hijos. Puga también aseguró que la llegada del presidente había influido en la decisión, sobre todo ante sus promesas de campaña contra inmigrantes, que hoy parecen ser una realidad.
“No es suficiente y en realidad es una pregunta de filosofía, ¿cuál es el valor de la vida humana? ¿Y por el sufrimiento de Anastasio? No son suficiente, 10 millones, no son suficientes ni 100 millones”, agregó Iredale.
De no aceptar el acuerdo propuesto antes de la apelación por parte del gobierno federal, los abogados señalaron habría que esperar un promedio de tres años más para ir a juicio, cuestión que se vería mermada por el impacto de la actual administración en la Suprema Corte de los Estados Unidos.
El monto se distribuirá entre los cinco hijos del difunto Anastasio Hernández. Tres de los hijos esperan recibir el monto en aproximadamente dos meses, mientras que los dos menores de edad hasta cumplir los 18 años. El resto del millón entregado por el gobierno federal se entregará en base a una suma establecida por el gobierno para gastos para los defensores del caso.
Se estima que el gobierno federal gastó casi 3 millones de dólares en la defensa del caso contra la familia de Anastasio Hernández por casi siete años.