México del Norte
Por Jorge Mújica Murias
No es novedad. Cada día, la administración de Barack Obama está deshaciéndose de más de 1000 inmigrantes indocumentados, ya sea a través de su programa de “Remoción de Extranjeros Peligrosos” o la Polimigra o redadas o como sea.
Y no soy yo el que dice “como sea”, sino la Oficina del Inspector General de Seguridad Nacional. En un reporte sobre la Polimigra, esta oficina insiste en que 28 de las 33 recomendaciones que hizo hace ya casi un año no se han implementado. Ni la Migra ni las policías locales con acuerdos 287(g) están cumpliendo con los propósitos del susodicho programa, y están deportando gente común y silvestre en vez de “lo peor”, dice el reporte. Pa’ rematar, por no cumplir con las anteriores, la Oficina del Inspector general hizo 16 nuevas recomendaciones para que la Polimigra “asegure un manejo más eficaz y sea responsable” de sus gastos. De despedida, obligarán a la Migra y la Polimigra a emitir resultados mensuales de sus acciones.
Y es que casos como el de Bernardo Pastor los dejan medio en ridículo. A Bernardo, joven indocumentado llegado aquí de Guatemala a los tres años, lo comenzaron a procesar después de un choque de menores consecuencias, por falta de licencia y seguro de auto. Uno de los típicos “Dreamers”, Bernardo es voluntario en su comunidad, estrella de su equipo de fútbol y “Rey” de las fiestas de su escuela, la Reading High School.
Su detención y deportación causó tal furor que miles de estudiantes y sus maestros mandaron cartas a los congresistas, e hicieron marchas y protestas, incluída una en la capital del estado, Ohio, hasta conseguir que se suspenda su deportación por un año.
Deportaciones Privadas
Pero a Quelino Jiménez Ojeda no le fue tan bien. Nadie se enteró de su deportación por adelantado. El 21 de diciembre, la Junta Directiva del hospital Advocate Christ Medical Centre en Oaks Lawn, Illinois, decidió deportar por su cuenta al joven de 23 años.
Quelino llevaba cinco meses hospitalizado, en estado cuadraplégico, después de haber sufrido un accidente de trabajo en la compañía de construcción para la que trabajó por años. Pobre como cualquier oaxaqueño trabajador de la construcción y además indocumentado, ni Quelino ni su familia podían pagar los gastos del tratamiento a su columna vertebral, y para no comprometer sus ganancias y bajo la consideración de que “posiblemente jamás se alivie”, el Advocate Christ contrató una compañía privada y puso a Quelino en un avión particular con destino a México. Ni a la Migra le notificaron.
Advocate Christ dice que su guardián legal autorizó la deportación, pero ella y su abogado lo niegan. Hoy, dicen los activistas que ayudan en el caso, Quelino se encuentra en su natal Oaxaca. Su familia vive a diez horas de terracería del hospital más cercano, y son indígenas chinatecos que hablan poco español. La Cónsul de Protección de México en Chicago está con él, viendo qué se puede hacer en su caso, porque entre Advocate Christ y la compañía privada que contrataron cometieron, de perdida, secuestro, violaciones a los derechos civiles de un paciente con discapacidades, transportación forzada de una persona sin su consentimiento y a otro país y quién sabe qué otros delitos federales.
Este no es el primer caso de un hospital haciendo deportaciones privadas, y puede que no sea el último si no les ponemos el alto. Que se sepa, el primer caso fue el de Luis Alberto Jiménez, en Florida, también cuadraplégico a causa de un accidente de auto en el año 2000. Fue deportado a Guatemala en julio de 2003 por el hospital Martin Memorial Medical Center. Según la Junta Administrativa, el hospital llevaba más de un millón de dólares gastados en su caso en tres años, y prefirieron pagar 30 mil dólares para que un jet privado lo llevara a Guatemala.
Lo peor es que la demanda de su primo, Montejo Gaspar, falló cuando el jurado decidió a favor del hospital. En 2009 se ganó una apelación porque los jueces locales no tienen jurisdicción sobre inmigración, y Jiménez nunca debió ser deportado.
No “debe”, pero “pasa”. Desde 2006, hay reportes de deportaciones desde California hasta Nueva York, basados en administraciones que no quieren gastar dinero en sus pacientes y punto. Y la actitud de la administración de Barack Obama les da una perfecta cobertura.
El caso de Quelino debía llamar atención mundial. Con papeles o sin papeles, nadie debe ser tratado así, y todos los activistas, de derechos humanos, derechos civiles, derechos de cuidado de la salud, además de inmigración, deben tomar cartas en el asunto.
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