México del Norte
Por Jorge Mújica Murias
Dos temas llaman poderosamente la atención en la discusión de la mal llamada “reforma migratoria” que la Casa de Representantes supuestamente discutirá durante julio: la legalización de los inmigrantes indocumentados y la seguridad fronteriza. Y se sabe más o menos por donde va la discusión. Legalizar a los menos posibles indocumentados, por aquello de que algún día por allá por el año 2030 se les ocurra hacerse ciudadanos y votar, y cuanta lana reventarse en sus amigos contratistas de materiales de guerra para la frontera.
En la segunda parte, el número mágico comienza en los 38 mil millones de dólares ya aprobados por el Senado. En la segunda no hay número mágico; los menos posibles y punto. Se habla incluso de ninguno, porque hay propuestas de permisos “temporales para siempre”, sin chance nunca de llegar a la ciudadanía, es decir, que se pasaría de ser “residente condicional temporal” a “residente legal permanente” en 15 años, para el 2028 o por ahí, y nunca podría uno naturalizarse.
A esta “reforma migratoria” el congresista californiano Xavier Becerra le llama “una discusión del siglo pasado”, y amenaza con que los Demócratas no votarán por nada que no tenga “ciudadanía”. Hay Republicanos que responden diciendo que si se ponen broncos no le tocara ciudadanía ni a los hijos de quienes no sean ciudadanos. Sigue el juego político, pues, con los inmigrantes indocumentados como piezas de ajedrez o damas chinas.
Pero hay otro negocio escondido entre la palabrería política y que casi a nadie le llama la atención, tal vez porque es un negocio que forma parte de la vida “normal” social de Estados Unidos, esa normalidad que le permitió al medio-peruano George Zimmerman asesinar a Trayvon Martin y luego poner al mismo joven negro a juicio y declararlo culpable de ser negro. Es una normalidad que admite a Zimmerman igual que admitió en su momento a los Minuteman.
Ese negocio escondido de la “reforma” son las cárceles para inmigrantes.
De 1 a 20
Según números del Departamento de Justicia, el “país de la libertad”, Estados Unidos tiene en la cárcel la friolera de 2.2 millones de sus habitantes, más o menos la población total de Houston. Es la mayor tasa de encarcelados en el planeta, más o menos uno por cada 730 habitantes. Hay un total de 4,575 prisiones en operación, cuatro veces más que todas las cárceles que hay en Rusia, que tiene 1,029.
En otras palabras, mientras Estados Unidos equivale al 5 por ciento de la población mundial, uno de cada cuatro encarcelados en el mundo en los últimos años es de este país. Y claro, la “reforma migratoria” está encaminada a que los inmigrantes formen parte de la “clientela” de las cárceles. 4 millones 800 mil personas están en proceso judicial.
La propuesta aprobada por el Senado incluye, por ejemplo, en la página 98, la “Iniciativa de Persecución en la Frontera Sur”, que autoriza a “triplicar el número de persecuciones (entiéndase acusaciones criminales) de personas que violen las leyes de inmigración en la zona fronteriza de Arizona”. “El costo adicional detener, perseguir y encarcelar a los criminales será de 3-mil-millones de dólares”, calcula la Oficina de Presupuestos del Congreso.
Según el periódico Wall Street Journal, la “reforma migratoria” aumentaría la población de las cárceles federales en 140 mil presos anuales”.
Hace unos meses la industria de las prisiones, porque estas cárceles son federales pero concesionadas a particulares, estaban preocupadísimos porque el senado discutía legalizar a los indocumentados, pero ahora están felices con el resultado. La “reforma migratoria” les dará un ingreso adicional de mil-600 millones de dólares anuales durante los próximos diez años.
Las dos corporaciones que más ganan con la “reforma” son Corrections Corp. of America y GEO Group Inc., contratistas que operan las cárceles y que tienen contratos por 5-mil millones de dólares. Por cada preso las corporaciones le cobran al gobierno federal hasta 164 dólares por día. Diariamente la Patrulla Fronteriza y la Migra detienen a más de 33 mil inmigrantes en el país. Texas tiene 6,115 inmigrantes detenidos, Georgia 1,804 y Arizona 1,779, reporta Detention Watch Network.
Y la “reforma” (la del Senado, que se supone que será “la buena” , porque la de la Casa de Representantes con mayoría Republicana será la “mala”), contempla penas obligatorias de cárcel, “ de uno a cinco años, a cualquier inmigrante que cruce la frontera por cualquier medio excepto por un lugar autorizado”. Para el caso de los tercos que si los agarran una vez tratan dos, la pena sería de “cárcel obligatoria de 5 a 20 años”.
Olvídese de las deportaciones. Se acabarán con la “reforma”: los inmigrantes terminarán en la cárcel y punto…
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