México del Norte
Por Jorge Mújica Murias
Como nuestros lectores habituales probablemente ya saben, la administración de Barack Obama nos pagó una de las tantas que nos debe presentando una demanda en contra de la nefasta ley SB 1070 de Arizona hace poco más de una semana en Phoenix, en la Corte Federal. Su argumento es relativamente simple: desde hace medio millón de años, o más concretamente desde finales del siglo XIX quedó clarito en las leyes gringas que el establecimiento y ejercicio de las leyes migratorias corresponde al gobierno federal.
Suena fácil pero puede necesitar una explicación. Las naciones establecen fronteras, líneas ficticias que a cada rato cambian de lugar según hay invasiones y revoluciones, y que sirven para establecer algo muy simple: los que viven entre rayita y rayita tienen algunos derechos que los del otro lado de la rayita no tienen. La diferencia de derechos la establece el gobierno federal porque se supone que todos los de adentro de las rayitas deben tener los mismos derechos. Si cada estado lo decidiera habría estados llenos y otros medio vacíos, de seguro. Una cosa es respetar los estados de la Federación y otra que cada quien haga lo que le de la gana.
Esa es la bronca en Arizona. Literalmente, la demanda contra la SB 1070 argumenta que “Las leyes migratorias de la nación consideran un cuidadoso balance de ejercicio de la ley en la nación, las relaciones internacionales, y los intereses humanitarios”, Arizona viola ese balance y “usurpa las funciones federales”. En otras palabras, el derecho de maltratar a los de afuera de la rayita pertenece al gobierno federal, no a los estados. Para evitar eso, la demanda pide que se congele la ley y no entre en vigor el 29 de julio, y su anulación definitiva. Ya la ley federal dice que es ilegal estar aquí sin papeles, pero Arizona no puede volverlo crimen estatal y agregarle condiciones y demás.
El autor de la SB 1070, senador Russell Pearce, denunció la demanda como un “insulto a las reglas legales”, a Arizona y sus residentes. El vocero de la gobernadora que aprobó la ley Jan Brewer, dice que “la decisión de demandar es terriblemente mala” porque Arizona tiene un terrible problema de seguridad y el gobierno federal no quiere resolverlo aplicando la ley de inmigración”.
Leyes y Demócratas
La cola de críticas sigue del lado Republicano. Futureando, los senadores federales de Arizona Jon Kyl y John McCain se lanzaron contra Obama con vistas a derrotarlo en las elecciones del 2012, llamando a “los americanos a preguntarse si el gobierno de Obama de verdad quiere asegurar la frontera por qué está oponiéndose a un estado que está tratando de proteger a su gente aplicando la ley de inmigración”. Y Kris Kobach, maestro de Derecho de la Universidad de Missouri-Kansas City, redactor de la SB1070 está bien enchilado: “No estoy sorprendido pero es innecesario”, dice, porque la ley ya estaba en Corte por pare de la Unión Americana de Libertades Civiles y otros grupos. “El Departamento de Justicia no aporta nada nuevo con su demanda”.
Pero si aporta. Primero, el candidato Demócrata a Senador contra McCain, John Dougherty, redefinió su plataforma migratoria, prometiendo el cielo y las estrellas si gana: Documentar a todo trabajador indocumentado; trabajar con México y América Central en crecimiento económico que reduzca la inmigración; revisar NAFTA para eliminar el desplazamiento de trabajadores; aumentar las visas para trabajadores internacionales sin habilidades técnicas especiales y demás. Prácticamente, la enchilada completa aunque picante, porque para legalizarse hay que pagar multas, hacer trabajo comunitario y demás.
Dougherty criticó también la SB 1070, diciendo que “amenaza los derechos civiles de todos los descendientes de latinos creando estereotipos por grupo étnico”, y que la SB1070 ya está dañando económicamente a Arizona, y la situación empeorara cuando “los trabajadores se vayan y dejen de pagar impuestos, comprar gasolina y rentar casas”.
También se lanzó al ruedo la representante estatal Demócrata Kyrsten Sinema, afirmando que la demanda resolverá la pregunta de hasta donde llega la autoridad de un estado que piensa que una ley federal no está siendo aplicada, lo cual se aplicaría a leyes de energía, recursos naturales, medidas medioambientales y demás, y que “podría darle al Congreso el valor moral que necesita para entrarle a discutir la crisis migratoria”.
Nomás que no hay tal “valor moral” ni entre los Demócratas. Tres congresistas Demócratas de Arizona, no candidatos prometiendo nada sino de los que ya votan en Washington, le pidieron a Obama que demande a la SB 1070, porque ellos “podrían perder sus elecciones y habría menos Demócratas en el Congreso”…
Curioso. Será por eso que Obama sigue pidiéndole ayuda a los Republicanos para aprobar la reforma, aunque para seguir las deportaciones parece que los Demócratas si se bastan solos…
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