Comentario:
Por Humberto Caspa, Ph.D.
La legalización de matrimonio del mismo sexo fue, sin lugar a dudas, un hecho sin precedentes en nuestra sociedad. Esta nueva ley, sin embargo, no significa que los abusos contra los LGBT hayan desaparecido. Se ganó una batalla muy importante, pero la guerra contra la discriminación institucional continúa.
El Acta de Derechos Civiles de 1964 prácticamente destruyó la segregación en las instituciones públicas y prohibió la discriminación laboral en base a la raza, color de la gente, sexo y origen nacional. Esta ley no fue producto, como sucedió con los matrimonios del mismo sexo, de la resolución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Por el contrario, fue el resultado de la movilización social de miles de afroamericanos que lucharon por la igualdad de condiciones.
Inicialmente fue el presidente John F. Kennedy quien consideró que debería legislarse una ley específica que resguardará los derechos de los afroamericanos en el trabajo y en otros lugares públicos. Con su muerte el trabajo de la nueva legislación fue ostentado por su sucesor, el presidente Lyndon Johnson, quien firmó una propuesta del Congreso (Bill) y la convirtió en ley.
Luego, con otra movilización social liderada por Martin Luther King, se consiguió el Acta de Derecho al Voto de 1965.
Fue la movilización de la gente, particularmente de los afroamericanos, la que consiguió la destrucción de la discriminación institucional, misma que había sido parte de la vida del sistema norteamericano por muchos años.
De la misma manera, los LGBT no pueden quedarse con los brazos cruzados si quieren destruir décadas, tal vez siglos, de discriminación institucional. El matrimonio del mismo sexo les permite no solamente establecer una familia con una persona que consideran su pareja apropiada, sino que también les da los mismos derechos que las personas heterosexuales.
Sin embargo, la discriminación institucional no se destruye en las cortes nacionales. A este tipo de discriminación se la hace desaparecer en el Congreso por medio de un proyecto de ley que asegure la igualdad de condiciones de la gente y resguarde los derechos de los individuos.
La semana pasada, congresistas demócratas en la Cámara de Representantes y en el Senado presentaron el Acta de Igualdad, misma que enmendaría el Acta de Derechos Civiles de 1964 y permitiría la inclusión de los LGBT dentro de los grupos discriminados. Es decir, aquellos que son “discriminados por su orientación sexual”.
Sin este tipo de legislación, un empresario/a puede, por cuestiones enteramente personales o por supuestas razones afines a su negocio, no contratar a una persona perteneciente a los LGBT, a pesar de que esta persona reúna todas las cualidades necesarias para desarrollar el tipo de trabajo asignado.
Empero, lo anterior no quiere decir que este tipo de legislaciones progresistas no puedan ser aprobadas por los legisladores. Lo único que se requiere es cambiar la tesitura del Congreso. Por eso, en el momento de votar es importante analizar cuáles de los candidatos están de acuerdo con una sociedad sin discriminación institucional.