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La receta milagrosa para solucionar en gran parte el actual problema de desempleo que experimenta el país pretende haberla encontrado el representante a la Cámara Baja del Distrito 42 de California, Gary Miller, quien se encuentra promocionando su proyecto de ley LEAVE entre sus colegas del Congreso.
Para agregar copatrocinadores a los 14 cosignatarios, el congresista Miller ha estado enviando una comunicación a sus pares en la que priman las matemáticas puras y el menosprecio por el género humano.
“Actualmente, se calcula que ocho millones de ilegales tienen empleo mientras más de 15 millones de estadounidenses están desempleados”, dice Miller.
“Simplemente con aplicar las leyes de inmigración, se crearán ocho millones de empleos para ciudadanos y trabajadores legales”, concluye el legislador.
Miller argumenta que los indocumentados se “robaron” esas plazas y su proyecto de ley es la fórmula para recobrarlos.
El representante esboza una estrategia que promete reducir el número de “ilegales” en un millón y medio cada año, con una proyección de disminuir la actual población indocumentada del país a la mitad en un periodo de cinco años.
La serie de medidas, que tiene como plato fuerte quitar la ciudadanía a los hijos de indocumentados nacidos en Estados Unidos, está aderezada con otros componentes nocivos.
El proyecto H.R. 994 regula las identificaciones válidas para abrir cuentas bancarias y prohíbe dar créditos hipotecarios o préstamos regulares a quienes no posean los documentos permitidos, es decir los que no son accesibles para los “ilegales”.
Para asegurar sus objetivos, elimina cualquier posibilidad de que los indocumentados puedan obtener licencias de conducir y modifica los criterios de expedición de los números de identificación personal o , impidiendo que quienes no tienen estatus migratorio puedan pagar impuestos y así cumplir sus obligaciones con el Tío Sam.
Tampoco se les permitiría a los indocumentados realizar transferencias de dinero a México, estableciendo directrices con este fin a la Reserva Federal.
La normativa propone ampliar el sistema de verificación de empleo E-Verify, vedar el alquiler de vivienda o alojar a indocumentados y penalizar a las ciudades santuario.
Impedir que los estudiantes indocumentados puedan ingresar a instituciones de educación superior es otra de las premisas del proyecto de ley de Miller, que complementa su menjurje respaldando los programas de cooperación entre entidades federales e instituciones estatales y locales para deportar indocumentados.
Al congresista no se le escapa otorgar fondos para completar la construcción del muro en la frontera con México.
Miller presentó su proyecto de ley el 11 de febrero, pero previamente el 21 de enero el representante Jason Chaffetz, de Utah, introdujo su resolución 1026 que apela a un lenguaje patriótico para repudiar a los indocumentados y cerrar el camino a una reforma migratoria integral.
La llamada resolución BRIDGE (Puente) que habla de paz, prosperidad y libertad cuenta con 54 copatrocinadores y entrega como colofón que no se apruebe ningún tipo de legalización.
Hay quienes sostienen que la propuesta de Miller y la resolución de Chaffetz no van a ninguna parte y no serán aprobadas en la Cámara Baja, pero encarnan la filosofía anti inmigrante del movimiento de moda, de los amotinados del té, de los simpatizantes del llamado Tea Party.
Lo peor que podrían hacer los pro inmigrantes sería desconocer la espada de Damocles que representan estos proyectos que buscan hacer realidad la expulsión de los 12 millones de indocumentados.
Creo que sobran razones para salir a la calle en Washington el próximo domingo 21 de marzo. No queda otro camino que instar al presidente Obama a que cumpla su palabra y recordarle a muchos miembros del Congreso que la catapulta de su elección fue el voto hispano.
Rafael Prieto Zartha es Asesor de Medios de Comunicación en Español para America’s Voice