Los Inmigrantes y la Agricultura en los Estados Unidos

– Thomas Jefferson 
   El Subcomité de Política Migratoria y Aplicación de Leyes de la Cámara de Representantes tuvo  una audiencia hace unas semanas sobre el programa de visas para trabajadores agrícolas invitados H-2A, un programa que, al igual que nuestro sistema migratorio federal, no es lo mejor pero ha resultado difícil de reformar.
   El programa H-2A fue creado en 1986 y es la versión más reciente de un programa de extranjeros invitados a trabajar en los campos que data desde la Segunda Guerra Mundial y la escasez de mano de obra nacional.
   Aunque Estados Unidos se fundó bajo el ideal de las granjas familiares, nuestro país siempre ha utilizado mano de obra extrajera para producir alimentos, empezando con los esclavos que trabajaban en las plantaciones.
   En tiempos modernos, la agricultura, más que ninguna otra actividad económica en Estados Unidos, depende de los inmigrantes, especialmente de los inmigrantes indocumentados. Los sondeos más recientes indican que más de la mitad de los trabajadores agrícolas son indocumentados.
   En total, los inmigrantes constituyen cuando menos el 75 por ciento de una fuerza laboral agrícola de 1,3 millones en todo el país.
   Nuestra dependencia en los inmigrantes se remonta a más de un siglo. La construcción del ferrocarril transcontinental en 1869 rebasó la capacidad de las granjas familiares para poder surtir las necesidades de porciones cada vez más grandes de la población.
   Debido al avance de la tecnología y a la demanda cada vez mayor de los mercados nacionales e internacionales durante el siglo 20, las granjas se expandieron y mecanizaron sus operaciones, con tractores y otras máquinas haciendo el trabajo que antes hacían los animales (y luego la gente). Lo que no todos saben es que mientras las granjas se mecanizaban, la fuerza laboral agrícola cada vez incluía a más inmigrantes, ya que los trabajadores locales se mudaban a pueblos y ciudades en busca de mejores trabajos.
   Desde 1880 o quizás antes, los trabajos agrícolas de temporada perdieron su atractivo para los estadounidenses. Al principio los nuevos campesinos llegaban de Europa y Asia, pero debido a las dos guerras mundiales del siglo 20, Estados Unidos instituyó varios programas de reclutamiento de trabajadores agrícolas invitados de México, comenzando con el famoso Programa Bracero.
   Hoy, la dependencia del sistema agrícola en los inmigrantes es un hecho. El español es el lenguaje de facto de la fuerza laboral agrícola, ya que ese es el idioma natal del 84 por ciento de los trabajadores. Los dueños de granjas, así como los propietarios de lecherías y em-pacadoras de carne, afirman que los trabajadores latinos son los que mantienen sus operaciones a flote.
   Múltiples iniciativas para reclutar ciudadanos estadounidenses a la fuerza laboral agrícola han fracasado, más recientemente en 2006 en el Estado de Washington, y en California a mediados de los años 90.
   Los ciudadanos desde hace décadas han demostrado no estar interesados en la agricultura: Menos del 2 por ciento de la población nativa participa en labores del campo. Todos quizás todavía mantengamos una visión idealista sobre la vida en las granjas y definitivamente consumimos sus productos, pero no queremos ser partícipes de esa vida.
   Así que un programa de trabajadores invitados que permita a los inmigrantes trabajar en Estados Unidos, ayudar a sus comunidades desde lejos y sostener el sistema de producción alimenticia estadounidense tiene mucho sentido.
   Pero eso no es lo que ocurre.
   Tanto los productores como los defensores de los trabajadores agrícolas afirman que el sistema actual es un fracaso. Los productores dicen que el programa H-2A tiene demasiada burocracia y no les permite contratar trabajadores cuando más los necesitan. Solo una fracción del total de productores, quizás un 10 por ciento, utiliza el programa H-2A. La mayoría depende de trabajadores no autorizados que saben responder a la demanda de trabajadores mucho más rápido que cualquier agencia federal.
   Los defensores del trabajador inmigrante también critican el programa H-2A por su falta de protección hacia los trabajadores. Y como no hay un mecanismo legal eficiente para integrar a los trabajadores inmigrantes a la economía agrícola, muchos de ellos viven en un vacío legal que no les permite caminar por sus comunidades sin miedo.
   Los críticos de la inmigración lamentan nuestra dependencia en los trabajadores extranjeros, diciendo que los estadounidenses se han vuelto perezosos, que no quieren hacer el trabajo sucio y que dependen demasiado en la ayuda del gobierno. Pero la dependencia en el trabajador agrícola es algo común en todo el mundo, tanto en países ricos como pobres.
   Los europeos occidentales dependen de colombianos, marroquíes y polacos, entre otros, para trabajos temporales que involucran recoger la cosecha o cuidar animales. Canadá tiene un sistema similar que permite la entrada de trabajadores temporales de México, Centroamérica y el caribe.
   Aún en El Salvador, donde la inmigración hacia Estados Unidos ha generado una escasez de mano de obra, países más pobres como Nicaragua, Honduras y Guatemala proveen unos 200,000 trabajadores agrícolas sin autorización.
   La necesidad de una fuerza laboral inmigrante en la agricultura es aceptada, pero hasta cierto punto. El debate sobre el tema no debe enfocarse en iniciativas poco prácticas de deportaciones masivas de inmigrantes para reemplazarlos con trabajadores estadounidenses dispuestos a trabajar en los campos. Este tipo de gente parece no existir.
   Lo que deberíamos considerar es cómo hacer nuestro programa de trabajadores agrícolas invitados más humano y económicamente eficiente, tanto para los trabajadores como para los productores, para que de esta manera se beneficien todos: nuestra economía agrícola, nuestras comunidades rurales y las familias inmigrantes.
 Wainer es analista de la política de inmigración del Instituto de Pan Para el Mundo.