Superintendente Escolar de San Ysidro Renuncia

<figure id="attachment_42147" aria-describedby="caption-attachment-42147" style="width: 300px" class="wp-caption alignright"><a href="http://laprensa-sandiego.org/wp-content/uploads/2017/09/San-Ysidro-Juli… loading="lazy" src="http://laprensa-sandiego.org/wp-content/uploads/2017/09/San-Ysidro-Juli…; alt="" width="300" height="200" class="size-medium wp-image-42147" srcset="https://dev-laprensa.pantheonsite.io/wp-content/uploads/2017/09/San-Ysi… 300w, https://dev-laprensa.pantheonsite.io/wp-content/uploads/2017/09/San-Ysi… 924w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px"></a><figcaption id="caption-attachment-42147" class="wp-caption-text">La Presidente de la Junta Rosaleah Pallasigue, la integrante de la directiva Irene Lopez y el ex Superintendente Julio Fonseca. Foto: Mario A. Cortez</figcaption></figure>
El Superintendente del Distrito Escolar San Ysidro, Julio Fonseca, renunció abruptamente este pasado viernes por la noche tras una sesión de cuatro horas de la Junta de Síndicos, misma que se celebró a puerta cerrada.
Dicha Junta de Síndicos había convocado a una sesión extraordinaria el 1 de septiembre, cuyo fin era revisar quejas en contra de Fonseca, entre ellas una presentada por un empleado del Distrito.
La Junta sesionó a puerta cerrada con la participación de sus integrantes, Fonseca y su abogado por más de cuatro horas, tras las cuales salieron a anunciar su acción. 
“La Junta, en un voto de cinco a cero, aceptó la renuncia del Superintendente efectiva de inmediato, a cambio de 18 meses de compensación y el desistimiento de toda querella”, informó la Presidente de la Junta Rosaleah Pallasigue. “La salida del Dr. Fonseca se basa en una situación personal”, agregó Pallasigue.
Fonseca actualmente enfrenta una demanda civil entablada en su contra por el organismo social San Diegans for Open Government (San Dieguinos por un Gobierno Transparente) en la que argumentan que Fonseca autorizó, en mayo de 2016, de manera ilícita el pago de 114 dólares por concepto de finiquito a un exempleado que había expresado inquietudes respecto de la relación que Fonseca guardaba con una empleada del Distrito. 
El empleado despedido, José Enrique Gonzalez, argumentó que Fonseca le confió en diciembre de 2015 que estaba a punto de contratar a una mujer con quien tenía una relación amorosa. La semana siguiente, el Distrito contrató a Alexis Rodríguez como directora de los programas del Distrito para antes y después del horario escolar. 
Días después, Gonzalez divulgó la situación de dicha relación a otro personal del Distrito, y en cuestión de semanas fue despedido de su puesto en el Distrito. 
No obstante que Gonzalez nunca entabló una querella formal o demanda en contra del Distrito, su Junta rápidamente autorizó un convenio de finiquito con dicho empleado el 15 de abril de 2016 en el que se le otorgó el equivalente a un año de salario más prestaciones. Tras su despido, Gonzalez se integró a La Prensa San Diego como Director Operativo. 
La Prensa informó por primera vez de la relación entre Fonseca y Rodríguez en febrero de 2017. En ese momento, Fonseca alegó que no había comenzado a salir con Rodríguez sino hasta después de su contratación. Sin embargo, Gonzalez y varios testigos más mantienen que Fonseca creó el puesto específicamente para Rodríguez y que ya tenía una relación amorosa con ella desde antes de contratarla.
La Junta no actuó en respuesta a la relación entre el Superintendente y la empleada cuando se reveló la noticia, y Fonseca y Rodríguez continuaron con una relación amorosa que terminó siendo bien conocida entre el personal del Distrito.
La demanda contra Fonseca argumenta que el convenio con Gonzalez constituye un ilícito en función de que la Junta nunca sometió dicho convenio a votación para autorizarlo. Dos de los síndicos presentes en la sesión a puerta cerrada celebrada el 14 de abril de 2016 y durante la cual se comentó el convenio, Rodolfo Linares y Steven Kinney, han declarado púbicamente que no se ejerció voto alguno para autorizar el pago del finiquito. 
La demanda nombra además a Randy Ward, Exsuperintendente Escolar del Condado, como demandado por haber sido él quien firmó el cheque de finiquito expedido a Gonzalez. El Superintendente del Condado tiene a su cargo la supervisión de las finanzas de todos los 42 distritos escolares del condado. Ward fue despedido el año pasado y tiene una demanda actualmente entablada en su contra por parte del organismo California Taxpayers Action Network (Red de Acción de Contribuyentes del Estado de California), en la que se le acusa de beneficiarse a sí mismo mediante negociar sus propios aumentos salariales. Las leyes estatales estipulan que la Junta por votación debe autorizar todas las erogaciones que realice el distrito. 
En un fallo reciente, la Suprema Corte del Estado de California confirmó dos condenas por delito grave para el exsuperintendente de Beverly Hills Jeffrey Hubbard por haber expedido bonos y un estipendio para gastos vehiculares a una de sus empleadas. La junta de dicho distrito no ejerció voto a favor de realizar las erogaciones. La Suprema Corte del Estado de California sostuvo en su fallo que un superintendente tiene la obligación fiduciaria de proteger los fondos de las escuelas, y puede imputársele responsabilidad penal si los fondos se malversan o se gastan indebidamente. 
El caso Hubbard se ha convertido ahora en la norma para juzgar a administradores de distritos escolares. 
Hace dos semanas, John Collins – quien fuera superintendente de Poway – fue procesado por cuatro cargos de delito grave en relación con haber tomado más de 345 il dólares en pagos no autorizados de su Distrito. A Collins se le acusa de haberse pagado un exceso de vacaciones y días de enfermedad por encima de lo que le otorgaba su contrato. 
Por otra parte, esta semana pasada se procesó a José Fernández, exsuperintendente de la preparatoria Centinela High School, por 12 cargos de delito grave en relación con su malversación de fondos mediante una trama que utilizó para elevar su salario y prestaciones de jubilación. Fernandez incluso en algún momento llegó a elevar su compensación anual a 750 mil dólares. 
Fonseca entró en funciones como Superintendente en julio de 2015 tras una serie de cambios en el Distrito Escolar San Ysidro. El exsuperintendente Manuel Paul se declaró culpable en 2014 de coaccionar a un prospecto de contratista de construcción para que le otorgara $2,500 dólares en efectivo. 
Paul cumplió 60 días en custodia federal, y ahora enfrenta una demanda entablada por el Distrito para la devolución de más de 200 mil dólares que recibió como paquete de finiquito. El Distrito argumenta que Paul abusó de sus facultades para su propio beneficio y por ende deber devolver el pago.
Las demandas contra Fonseca y Paul siguen su curso en el Tribunal Superior de San Diego.
Antes de que la Junta entablara su sesión privada para deliberación este pasado viernes, varios integrantes del público presentaron comentarios a la Junta respecto de Fonseca.
“Al Sr. Fonseca no le importa la seguridad de nuestros niños”, dijo Carmen Ordoñez, madre de un alumno de cuarto año matriculado en el Distrito. “Su administración es peor que la del Sr. Paul”, agregó en referencia al exsuperintendente Manuel Paul. 
Después de la renuncia de Fonseca el viernes por la noche, la Junta Escolar de San Ysidro asignó al Vice Superintendente Arturo Sánchez-Macías como Superintendente Interino. Macías trabajó bajo Fonseca durante casi dos años, y administra las finanzas cotidianas del Distrito.