Por Estephania Baez 
A ocho semanas de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales en Estados Unidos, los votantes de California tomarán una difícil decisión. En las boletas electorales se decidirá el destino de dos iniciativas relacionadas a uno de los temas más controversiales de los últimos tiempos: la pena de muerte.
La Medida 62 pretende abolir la pena de muerte, y, de lo contrario, propone prolongar las sentencias de por vida según sea el caso. Esta propuesta requeriría que los reos de cadena perpetua trabajen dentro de la prisión y que el 60 por ciento de su sueldo sea destinado a los familiares de las víctimas. Entre los principales promotores de esta iniciativa es la ACLU a nivel nacional, la activista Dolores Huerta, así como el Vicegobernador Gavin Newsom, y el expresidente Jimmy Carter.
Por otra parte, la iniciativa 66 plantea modificar los procesos penales y agilizar el sistema, ya que las demoras han provocado una alta tasa de suicidios en los presos, quienes fueron sentenciados a la pena de muerte sin tener su fecha de ejecución fija. En el estado de California, actualmente 750 prisioneros están en la lista de condenados a morir, sin embargo la mayoría de las cortes han retrasado las ejecuciones.
Lo que ambas propuestas tienen en común es reparar el sistema de la pena capital en el estado de California, mismo que no ha funcionado humanamente desde 1978. Además, el estado cuenta con la mayor población carcelaria de Estados Unidos, país con el índice de reos más alto en el mundo.
La pena de muerte cuesta alrededor de 5 millones de dólares a los contribuyentes. Uno de los argumentos principales de quienes apoyan la proposición 62 demuestra que con la abolición se ahorraría un aproximado de 150 millones de dólares anuales a los residentes de California.
En contraparte, los partidarios de la propuesta 66 aseguran que con la abolición de dicha pena los delincuentes cometeran homicidios con mayor frecuencia.
Actualmente 30 entidades de la Unión Americana cuentan con la pena de muerte; 20 estados de la Unión Americana abolió este castigo con el paso de los años.
Por su parte las cortes argumentan que las demoras en cada sentencia se deben al resultado de las cortes de apelaciones, así como a la falta de abogados.
Las últimas encuestas señalan resultados muy reñidos entre los electores. Lo que es una realidad es que una de estas dos iniciativas estarán en función a partir del próximo año.