Por Eduardo Rueda – Reportero de Investigación
El Gran Jurado de San Diego, publicó un informe enérgico sobre las actuaciones previas del Distrito Escolar de San Ysidro, entre ellas fondos sin contabilizar, desaparición de documentos y una falta general de rendición de cuentas financieras.
El informe también da de culpables al “personal”, o al superintendente y a sus administradores. La mayor parte de estos actos ilícitos ocurrieron durante la gestión del superintendente Manuel Paul quien encabezó al distrito del 2007 al 2012.
En los últimos cuatro años, el Distrito Escolar de San Ysidro, se vio involucrado en una investigación sobre corrupción y un mal manejo financiero. Manuel Paul, quien fungiera como Superintendente de 2008 a 2012, fue acusado de corrupción y enfrenta cargos por aceptar $2,500 dólares en efectivo de un contratista. Paul se declaró culpable y fue sentenciado a 60 días en custodia federal.
El informe del Gran Jurado cita diversos ejemplos del mal manejo financiero, como un préstamo de $18 millones de dólares en fondos de bonos sustraído del Fondo General, de los cuales $6.1 millones nunca se devolvieron; transferencias electrónicas por un monto de $376,900 en fondos de bonos los cuales no se registraron; la destrucción deliberada de expedientes por parte del personal con fines de ocultar el hecho, y el incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de la Junta, debido a la autorización indebida de bonos.
Varios de los integrantes fungieron durante períodos extensos en esos años, entre ellos Yolanda Hernández, Sandy Lopez y Jean Romero, quienes permanecieron en sus cargos durante un periodo de 20 años. Otros integrantes con cargos administrativos durante dicho periodo incluyen a Raquel Marquez Maden, Paul Randolph, José Barajas y Jason Wells.
“Juntas anteriores y el Superintendente incumplieron con manipular los controles financieros convencionales que se exigen de todo distrito escolar” indicó Rodolfo Linares, integrante de la Junta actual. “He trabajado en sanear este desorden, desde el día en que se me eligió,” agregó Linares.
El informe pone en tela de juicio, el papel de la Oficina de Educación del Condado de San Diego (San Diego County Office of Education, o SDCOE), en la supervisión de las finanzas del Distrito. Según las leyes estatales en materia, SDCOE debe revisar y autorizar los presupuestos de cada uno de los 42 distritos escolares en el Condado de San Diego.
En el caso de San Ysidro, SDCOE, se realizó una auditoría fiscal en marzo de 2012, una vez que el Distrito Escolar incurriera en saldo negativo, con la probabilidad de carecer de fondos suficientes para el próximo ciclo escolar. La Sub-Superintendente de SDCOE, Lora Dluzyk, jamás trajo a la luz ninguna de las actividades que se presentan en el informe del Gran Jurado.
“La Oficina de Educación del Condado, debió haber notado la problemática financiera en algún momento durante todos estos años” expresó el Presidente de la Junta Marcos Díaz “Cada presupuesto y cada erogación de bonos, se presenta a SDCOE para su autorización previo a su ejercicio, por lo que no me explico, cómo es que esto pudo suceder”, cuestionó Marcos Diaz.
Uno de los integrantes de la Junta en funciones durante dicho periodo, sigue formando parte de la misma. Se trata de Antonio Martínez, quien fue electo en noviembre de 2012 y estuvo en su cargo durante sólo siete meses, antes de que se jubilara Manuel Paul en junio de 2013.
“Durante mis primeros dos años en la junta, mi servicio a la membresía me mantuvo desinformado, o al menos al margen”, comentó Martínez. “Es por eso que ahora hago tantas preguntas y exijo transparencia en todo lo que hagamos”.
Se sabe que Martínez se postulará para su reelección en noviembre de este año.
Todos los demás integrantes de la junta en sus cargos durante dicho periodo, optaron por no postularse para reelección, o fueron eliminados en sus reelecciones. Raquel Marquez Maden y Paul Randolph, eligieron no postularse en 2012; Yolanda Hernández renunció tras ser condenada en 2014, por no divulgar obsequios que recibió de contratistas; Jean Romero renunció repentinamente en 2014 en medio de una investigación por corrupción; José Barajas renunció en 2015; y Jason Wells, el entonces Presidente de la Junta, perdió la contienda para su reelección en 2014.
Manuel Paul actualmente enfrenta una demanda civil entablada por el Distrito, para la recuperación de $200,000 dólares que este último le pagó en 2012, como parte de una indemnización por sus años de servicio. El Distrito argumenta fraude y tergiversación en su querella, misma que sigue en curso y aún no llega a un fallo.
La nueva Junta incluye a integrantes electos o designados de 2014 a la fecha; entre ellos están Rodolfo Linares y el actual Presidente Marcos Díaz, ambos electos en noviembre de 2014. Steven Kinney y Rosaleah Pallasigue ambos fueron designados al cargo en 2015.
La administración actual la encabeza el Dr. Julio Fonseca. Fonseca fue contratado en el 2015 y ha creado un nuevo equipo bajo una nueva estructura administrativa. Fonseca ha eliminado tres cargos de Superintendente Asociado tras la renuncia de exmiembros, entre estos Dena Whittington, Superintendente de Servicios Empresariales, quien fue criticada en el reporte del Gran Jurado por haber aprobado contratos y pagos sin el aval de la junta directiva. Los procesos financieros ahora se manejan por el Superintendente Adjunto Arturo Sánchez-Macías, quien fue Superintendente Asistente en el distrito de Basset Unified en el Condado de Los Ángeles.
Desde el 2015, el distrito ha recuperado su certificación A+ en su estado presupuestario, y cuenta con reservas para mantener sus gastos adecuados. El distrito sirve a 5,2000 estudiantes en el área de San Ysidro, Ocean View Hills y Otay Mesa.