Por Estephania Baez
Son dispositivos que descargan altos niveles de voltaje y pueden inmovilizar a un individuo en cuestión de segundos. Son las pistolas paralizantes cuales son legales en la mayoría de los estados de la Unión Americana, al no ser consideradas un arma letal. Sus descargas de hasta 625 mil voltios actúan sobre el sistema nervioso y muscular lo que resulta en la pérdida del equilibrio y control de una persona.Los agentes fronterizos de los Estados Unidos son quienes hacen el mayor uso de estos dispositivos en la Unión Americana.
Estas armas les fueron proporcionadas en el 2008 a los agentes del orden público como parte de un proyecto piloto que tenía como principal objetivo que estos dispositivos fueran utilizados para poner fin a una confrontación de manera rápida y segura.
Sin embargo, un nuevo estudio realizado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) arrojó que los oficiales utilizaron estas pistolas más de quinientas veces en un lapso de tres años. La mayoría fueron utilizadas con individuos que intentaron cruzar la frontera de manera ilegal, en su mayoría mexicanos. Tres de las personas fallecieron minutos después de haber recibido las descargas eléctricas, dos de ellas recibieron las descargas mientras estaban esposadas y posteriormente fueron impactadas con cinco ciclos de pistola aun cuando la política de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza señala que un individuo no puede recibir más de tres descargas en un mismo lapso de tiempo.
La Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza emitió una nueva política el año pasado, en donde se les exige a los agentes utilizar estos dispositivos paralizantes únicamente cuando un individuo represente una amenaza inminente. Esta decisión fue considerada como un gran paso por parte de los defensores de los derechos humanos.
Uno de los casos más sonados en cuanto al uso de descargas eléctricas, fue en el caso de Anastasio Hernández Rojas en el año 2010, cuando el inmigrante mexicano fue asesinado de manera brutal.
Tras veintisiete años de vivir en la Unión Americana, Hernández Rojas sería deportado a Tijuana. Momentos antes de que iniciara su proceso de repatriación, Hernández Rojas recibió golpes y descargas eléctricas por un total de 12 oficiales de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza lo que le provocó muerte cerebral.
Tras cinco años de espera por parte de sus familiares en busca de una resolución de la demanda entablada en contra de los agentes que participaron en dicho asesinato, el Departamento de Justicia anunció en noviembre del año pasado, que no presentaría cargos de violación de derechos civiles o cualquier otro cargo en contra de los agentes. De acuerdo al comunicado emitido por las autoridades norteamericanas, un equipo de fiscales experimentados determinó que no había suficiente evidencia para perseguir cargos criminales, aun y cuando se presentaron videos de la golpiza que fueron grabados por ciudadanos quienes presenciaron el acto.
Por ello el uso de estos dispositivos ha sido fuertemente cuestionado sobre todo por Asociaciones Defensoras de los Derechos Humanos así como por parte del Comité de las Naciones Unidas en contra de la Tortura, ya que han manifestado en diversas ocasiones a la luz pública que este tipo de dispositivos son utilizados como instrumentos de tortura hacia individuos.
Aunque el uso de estas armas de electrochoque está autorizada en niveles de amenaza inferior a comparación del arma de fuego, el número de muertes que se ha registrado en los últimos tiempos ha propiciado que surjan un sinfín de interrogantes hacia estas armas.
En el Condado de San Diego, diversas asociaciones han realizado protestas en puntos estratégicos de la ciudad, así como a las afueras de edificios pertenecientes a autoridades del orden público para sugerir nuevas y mejores maneras de tratar con individuos que vayan a ser arrestados. Sin embargo a comparación de otros lugares de la Unión Americana, como Chicago y Nueva York, este tipo de manifestaciones han sido constantes y con mayor número de individuos ya que son los lugares que ocupan los primeros índices de mortalidad por parte de agentes a ciudadanos y el uso de las pistolas electrizantes ha ido a la alza.