Por Alexandra Mendoza
Por años, bastaba que los peatones que ingresan al país por la garita de San Ysidro subieran por una escalera o tomaran un elevador para llegar a una terminal de autobuses, aunque esto podría cambiar en próximos meses.
El Sistema de Tránsito Metropolitano (MTS, por sus siglas en inglés) obtuvo una orden para que se cierre el acceso desde el edificio aledaño a la garita que alberga un conocido restaurante de comida rápida, lo que obligaría a miles de usuarios a rodear la cuadra para tomar un camión.
El hecho ha causado la inconformidad de pequeños negocios de transporte que cuentan con sus oficinas de venta al interior de este edificio, al considerar que esta decisión los pone en desventaja con la empresa Greyhound, misma que opera el terreno de la terminal de autobuses.
En octubre de 2012, MTS llegó a un acuerdo con la entidad SYPS LLC, dentro de la cual se encuentra la compañía Greyhound, según indican documentos.
Como parte del convenio, el organismo no paga renta por la operación de la propiedad, aunque a cambio debió invertir miles de dólares en renovaciones como baños públicos, bancas y un techo, entre otros.
Estos baños han despertado la molestia de algunos, ya que se encuentran al aire libre dentro de una especie de jaula, sus puertas son visibles al exterior, no cuentan con separación para hombre y mujer y además, se cobra 50 centavos por su uso.
A mediados de febrero, la agencia comunitaria Casa Familiar de San Ysidro envió una carta a la junta directiva de MTS en la cual muestran su descontento ante el producto final del acuerdo entre organismos, al calificar de “arcaicas” las renovaciones.
“Baños al aire libre sin completa privacidad, expuestos a los elementos es inaceptable, ofensivo y un desprecio a la decencia de cientos de miles de viajeros que llenan las arcas de sus operaciones controladas de transporte. Y hacer que los peatones caminen más debido a una disputa solucionable con el dueño de una propiedad es injusto y pone la seguridad de estos viajeros en riesgo diariamente”, señala el documento firmado por la directora de Casa Familiar, Andrea Skorepa.
A su vez, la activista dijo que considera que la demanda contra el dueño del edificio ubicado a unos pasos de la garita afectará a pequeños negocios.
“Nuestra comunidad, nuestros viajeros y nuestras entidades de negocios son merecedores de respeto”, concluye la carta.
MTS se ha negado a emitir comentario sobre este tema, debido a que la demanda se encuentra activa.
Por su parte, el consultor Steve Padilla, quien representa al organismo GCW LLC, dueño del edificio, insistió en que al cerrar el acceso directo se pone en peligro a peatones y en especial a quienes requieren silla de ruedas o personas de la tercera edad, que ahora deberán dar la vuelta a todo el edificio para subir hacia la terminal.
Inclusive, Padilla mencionó que los mismos empleados de la compañía utilizan el acceso al interior del edificio, ya sean las escaleras o el elevador.
A su vez, criticó los cambios hechos dentro de la terminal, ya que dijo no están a la altura de lo que requieren miles de personas que transitan diariamente en la zona fronteriza.
“Este es el puerto más transitado del mundo, miles de personas ingresan desde aquí ya sea a México o a Estados Unidos todos los días, y ellos necesitan la ruta más directa y segura”.