POR Estephania Baez
La extradición de delincuentes catalogados como peligrosos y de origen mexicano, se ha convertido en uno de las temas más solicitados por el gobierno norteamericano, quienes exigen que sus crímenes sean juzgados en los países que se han visto más afectados por sus delitos.
Cuando se llevó a cabo la segunda captura de Joaquín el “Chapo” Guzmán en febrero del 2014, autoridades de la Unión Americana solicitaron su extradición en junio del 2015, ya que el líder del cártel de Sinaloa había operado desde los años noventa en 31 estados de la Unión Americana, los más afectados, Texas, California, Illinois y Pennsylvania. Sin embargo un mes después se llevó a cabo la fuga del capo en julio del 2015, por lo que el gobierno de Estados Unidos inició intensas campañas de recompensa. Ofrecieron hasta 5 millones de dólares por quien ayudará a proveer información sobre la ubicación de Guzmán Loera. Para llevar a cabo un proceso de extradición según las reglas del derecho público internacional, el delito debe perseguirse en ambos países. La primera acusación en contra de Joaquín Guzmán por parte de autoridades norteamericanas, data desde 1995 por una corte federal de California, mismos cargos que han sido base de la petición del Capo hacia Estados Unidos.
“Estamos buscando extraditar un cierto número de individuos, algunos ya han sido extraditados y muchos fueron arrestados en Estados Unidos, así que es una combinación de todos esos factores”. Destacó Laura Duffy, Procuradora Federal de California durante el mes de octubre del 2015, cuando elementos de marina encabezaron un enfrentamiento con miembros del cártel de Sinaloa.
De acuerdo a investigaciones, los cárteles del narco en México, obtienen alrededor de 60 mil millones de dólares anuales derivados de las exportaciones del narcotráfico hacia Estados Unidos. En estas fechas del año pasado, la Fiscalía Federal del Distrito sur de California, presentó cargos en contra de 60 integrantes del cártel de Sinaloa, entre los que destacaron Ismael Mayo Zambada, Joaquín “El Chapo” Guzmán y su hijo Archivaldo Guzmán. Autoridades manifestaron que esto se derivó de una investigación de tres años, en donde se les acusa a los miembros de la organización criminal de traficar grandes cantidades de metanfetamina, cocaína, heroína y marihuana hacia Estados Unidos. A lo largo de estos tres años de investigación, autoridades han incautado más de 600 kilos de metanfetaminas, mil de cocaína, 53 de heroína, 12 toneladas de marihuana y 14 millones de dólares en precursores químicos para drogas. De acuerdo la DEA, los traficantes han utilizado distintos métodos para ingresar la droga, quienes extendieron su tráfico más allá de la frontera de México y Estados Unidos, ya que se ha registrado la presencia de dicha banda delictiva en 54 países del mundo.
“Misión cumplida, lo tenemos” publicó el Presidente de México, Enrique Peña Nieto en sus redes sociales al dar a conocer la recaptura del capo más buscado de todos los tiempos, noticia que desató una serie de interrogantes en cuanto a la extradición de Joaquín “El Chapo” Guzmán hacia Estados Unidos, sin embargo la defensa del capo asegura que este no debe ser extraditado en base a la soberanía de instituciones para impartir justicia. Mientras estaba prófugo, los abogados defensores habían tramitado amparos para detener su extradición. Al respecto, este fin de semana la Procuraduría General de la República (PGR) emitió un comunicado donde explica que cualquier amparo no paraliza el proceso de extradición.
A través de un comunicado, el Departamento de Justicia, felicitó la labor de autoridades mexicanas en la detención del líder del cártel de Sinaloa, ya que presenta un avance en la lucha en contra del crimen organizado para ambos países.
Por otra parte, la Agencia Federal Antidrogas de la Unión Americana, también emitió una declaración al respecto, en donde manifestaron que los múltiples crímenes de Guzmán Loera destruyeron vidas tanto en México como Estados Unidos.
Mientras la Procuraduría General de la República asegura que el proceso de extradición de Joaquín Guzmán Loera podría extenderse de un año a cuatro, las autoridades norteamericanas exigen acciones inmediatas.