Por Abel Astorga Morales
Ex braceros de Ameca, Jalisco, ganan otro amparo: ¿Habrá respuesta efectiva del gobierno mexicano esta vez?
Abel Astorga Morales
En rueda de prensa el pasado 3 de noviembre la organizaciones Ex Braceros del Valle de Ameca, Jalisco, y Alianza de Ex Braceros del Norte, 1942/1964, informaron como a partir de la lucha ‘sin tregua’ de sus integrantes se ganó otra demanda de amparo, esta vez contra el gobierno de Enrique Peña Nieto. La lucha de este grupo social es larga, y es importante entender en que contexto se enmarca este amparo. A los braceros mexicanos que laboraron en Estados Unidos de 1942 a 1964 se les realizó un descuento por concepto de Fondo de Ahorro salarial, mismo que sería devuelto a su regreso a México pero que, ya en dicho país, a muy pocos se les reintegró. Es decir, se trató de un despojo salarial auspiciado por el gobierno mexicano y los bancos encargados de salvaguardar el dinero. Para tratar de remediar tal situación, desde 1998 hasta el día de hoy, estos viejos ex migrantes se movilizan tanto en México como en Estados Unidos, en busca de justicia.
Como bien lo aclara el amparo en cuestión, como producto de su lucha, hacia el año 2003 se inició un complejo proceso de diálogo con la autoridades mexicanas, que dio pie a la creación de la Comisión Especial para Dar Seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros en la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados; a la elaboración de un padrón inicial en 2003; pero sobre todo a la aprobación de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, ésta última, después de las sucesivas tomas del rancho de la madre del presidente Vicente Fox en San Francisco del Rincón, Guanajuato, y los diálogos que de ahí se derivaron. Dicha Ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2005, con base en la cual se creó un Fideicomiso que -hasta la fecha- tiene por objeto “otorgar un apoyo social [de 38 mil pesos] a los ex trabajadores migratorios mexicanos que hayan prestado sus servicios en los Estados Unidos de América durante los años de 1942 a 1964, de conformidad con lo establecido por el Programa de Trabajadores Migratorios o, en su caso, a sus cónyuges o a los hijos o hijas que sobrevivan y que acrediten la procedencia del mismo, de conformidad con los requisitos establecidos por el artículo 6° de la presente Ley”.
Esta victoria de los ex braceros es importante si tomamos en cuenta que al 2015 su lucha cumple ya 17 años, y las cuentas con ellos no se han saldado del todo. Rosa Martha Zarate -coordinadora de las organizaciones antes mencionadas-, se adhiere a la opinión generalizada entre los líderes y demás integrantes de diversas organizaciones de ex braceros, de que el “gobierno mexicano está esperando a que se mueran todos esos ‘viejitos’ para no saldar” la deuda histórica del pago del Fondo de Ahorro del Diez por ciento salarial descontado durante la bracereada. Actualmente el gobierno mexicano aún adeuda el pago de los 38 mil pesos a 40,087 de ellos y sus beneficiarios que cumplieron en tiempo y forma su registro de acreditarse para recibirlos; sin embargo desde el año 2012 los pagos se detuvieron. Las organizaciones de ex braceros consideran -con bastante razón- que al no solucionar esta problemática emanada del despojo de ahorros, el gobierno mexicano ha violado los “derechos humanos, constitucionales, laborales” a tal grado de orillarlos a buscar la vía de la movilización social y legal -nacional e internacional- para hacer valer sus derechos.
En este contexto se enmarca la demanda de amparo presentada por el Lic. José Antonio Foronda Farro, titular de la Organización No Gubernamental “Prevención, Capacitación y Defensa del Migrante, A.C.” (PRECADEM), la cual favorece a más de 150 ex braceros del municipio de Ameca, Jalisco y sus familiares beneficiarios. En el Amparo en Revisión RA-314/2014, radicado ante el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se demanda como las autoridades responsables de no cumplir con la entrega del Apoyo Social al Poder Ejecutivo, al de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y al de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; a quienes en la histórica sentencia dictada en la Sesión del pasado 1 de noviembre, los Magistrados integrantes del citado Tribunal Colegiado, determinaron aprobar por unanimidad la ponencia del Magistrado Presidente Oscar Fernando Hernández Bautista, en la cual les señalan no haber cumplido con las disposiciones invocadas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y les refrenda su obligación como autoridades encargadas del Presupuesto de Egresos de la Federación de contemplar en él recursos cuyo destino sea, entre otros, fideicomisos públicos como el que ahora nos ocupa, así como atender a los grupos vulnerables entre los que se ubican estos ex trabajadores migratorios.
Asimismo, esta sentencia judicial señala que es importante que el Gobierno Federal transparente y rinda cuentas sobre el manejo y destino de los recursos relativos al pago del Apoyo Social; así como considerar necesario que las autoridades realicen las acciones que correspondan para que se dé cumplimiento a la finalidad del Fideicomiso, que es entregar dichos apoyos. Prevalece la expectativa de cuál es la respuesta que las autoridades mexicanas darán a tal demanda, y no se vislumbra un horizonte sencillo si consideramos que en los últimos años, tanto los gobiernos del PAN, como ahora el del PRI, han mal atendido el problema, y a lo largo de la historia de esta deuda, el silencio, la nefasta burocracia, e incluso la prepotencia, entorpecen su optima resolución. Por lo cual, el caso del fraude a los braceros mexicanos sigue vigente y aún con fuerza en los ex migrantes implicados, esposas y viudas, hijos, nietos, y líderes del movimiento. En definitiva, la vía legal parece ser una forma de ‘forzar’ al gobierno a pagar la deuda histórica, pues tras esta victoria de los ex braceros de Ameca, más colectivos que se manifiestan tanto en México como en Estados Unidos, podrían hacer lo propio, y lograr una respuesta efectiva de las autoridades mexicanas.