Laboratorio de seguridad pública

En Tijuana se están procesando una serie de casos en los que militares y policías son señalados como responsables de violaciones a los derechos humanos, incluyendo casos de tortura, detenciones arbitrarias, confesiones cohercionadas e intimidación contra defensoras de quienes se han atrevido a denunciarlas.
Los casos documentados en Tijuana,- que ahora empiezan a repetirse en todo el país-, incluyen tortura por parte de militares en contra de policías municipales acusados de pertenecer al narco, pero también casos de civiles detenidos arbitrariamente y torturados por el propio jefe de la policía.
Estas violaciones al estado de derecho han sido seguidas de cerca por organismos internacionales y legisladores estadounidenses, ya que contribuyen a los argumentos contra la llamada guerra contra las drogas.
El caso mas reciente es el de 62 policías quienes fueron detenidos por autoridades militares acusados de colaborar con grupos de narcotráfico. Los 62 detenidos, la mayoría de ellos policías municipales en activo, fueron mostrados ante los medios en las instalaciones del aeropuerto militar de la ciudad.
Uno de ellos incluso forcejeo con un custodio y logro apuntarse a la cabeza mientras gritaba que prefería morir a volver a la custodia militar.
Y es que el policía ya había sido detenido por militares en noviembre pasado y liberado 40 días después sin que se le fincara ningún cargo criminal.
Una centena de familiares protagonizaron una protesta, entre ellos la hermana del detenido que se apunto el arma, quien cuenta que su hermano fue torturado y teme que vuelvan a hacerlo.
“Tengo miedo de que los golpeen, que los torturen, que los hagan firmar lo que ellos quieran, porque aunque el no tenga nada que ocultar ni creo que acepte inculparse pues si tengo miedo de que lo maltraten, como lo maltrataron la vez pasada y que el por miedo no quiso denunciar…” lamento la mujer.
El caso ya esta siendo revisado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, encargada de seguir las acusaciones en contra de autoridades federales.
Según la encargada de la CNDH en la zona, Gabriela Navarro, la comisión documento 169 casos de abusos de poder a manos de autoridades federales en todo el estado y 60 en lo que va del año.La gran mayoría de las quejas son contra militares y del total de las recomendaciones contra ellos la mitad ha sido aceptada.
“Necesitamos pruebas fehacientes de su cumplimiento” dijo Navarro, “como son las averiguaciones previas en contra de los soldados, de los médicos militares que a veces no certifican las lesiones y que empiecen a tomar sus cursos y sobre todo la reparación del daño…”
Pero los casos de abuso y tortura no ocurren solamente en el fuero federal, sino también en hay casos documentados de tortura por parte de la policía municipal de Tijuana, que desde hace tres años esta a cargo del militar de carrera, comandante Julián Leyzaola Perez.
La Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California, encabezada por Heriberto García García presentó recientemente el caso de 5 ciudadanos detenidos tras el asesinato de varios policías.
Según su investigación el abuso fue cometido directamente por el director de la policía y algunos de sus subordinados, en las instalaciones de la vieja carcel municipal conocida como “la ocho”.
“Algunos de ellos sufrieron aplicación de toques eléctricos porque presentaban llagas en su cuerpo, otros presentan contusiones y en particular en uno de ellos se refleja que el golpe proviene de una bota habiendo dejando una huella en su costado…hay pruebas de asfixia, uso de bolsas de plástico” explica García.
La recomendación, que pide la remoción de Leyzaola, —con el antecedente de otras tres denuncias similares—, ha sido totalmente desestimada por el alcalde de la ciudad, por lo que el caso ya fue turnado a la Comisión Nacional para que se rectifiquen las recomendaciones.
Esta actitud es común entre las autoridades señaladas, ya que en Mexico las recomendaciones de comisiones y procuradurías de Derechos Humanos no tienen carácter de obligatorias y son vistas como “llamadas a misa”.
En uno de los casos mas graves en los que se involucra el polémico jefe de seguridad Pública, esta una docena de policías que recién fueron liberados del penal federal en Tepic, Nayarit luego de pasar 17 meses encarcelados.
A ninguno se le fincaron cargos y después de su liberación entablaron una denuncia contra militares por tortura, incomunicación y lesiones. Entre los liberados esta Miguel Angel Mesina, ex-jefe de elegación de la policía, quien ahora dice temer por su vida y la de su hija Blanca, amenazada luego de empezar a defender a víctimas de tortura..
Blanca cuenta que una patrulla municipal la siguió por meses y que tuvo un encuentro con un hombre armado.
“El hombre me pone una pistola en la cabeza y me dice “¿que pasó Blanquita no que ya no ibas a denunciar?…¿quieres perder a algún familiar?, si no te mato ahorita es porque el caso de ustedes esta a nivel internacional y por las próximas elecciones….” cuenta Blanca quien decidió huir de Tijuana. 
Laboratorio de seguridad pública.
Para el director del Instituto transfronterizo de la Universidad de San Diego, David Shirk, el caso de Tijuana es emblemático para el debate de Seguridad Pública en Mexico, ya que ejemplifica los riesgos de involucrar a los militares en la seguridad pública.
Shirk explica que para muchos sectores de la sociedad mexicana el uso de tácticas como la tortura contra los narcos es justificada, como lo demuestra el gran apoyo público que tiene Leyzaola a pesar de los señalamientos en su contra.
“Yo creo que jamas se justifica el uso de la tortura para combatir el crimen organizado” explica Shirk, “porque cuando el gobierno empieza a usar estas tácticas elimina la distinción entre el gobierno mismo y los narcotraficantes, porque esta usando básicamente las mismas tácticas y cuando eso pasa se pierde legitimidad”.
La legitimidad está en riesgo para el gobierno federal pero también para la institución militar que antes de su incursión en la seguridad pública gozaba de alto prestigio.
“Pero lo que hemos visto al involucrar a militares en puestos civiles es que estos han resultado tan susceptibles a la corrupción y al abuso de poder como cualquier ser humano, sobre todo en un contexto onde los narcos tienen una capacidad para amenazar a los oficiales y a sus familias y sus colegas lo que crea una circunstancia en la que es difícil la influencia de los narcotraficantes”.
Entonces estos casos podrían ser considerados por políticos de Estados Unidos quienes quieren asegurarse que los fondos enviados a México no sean utilizados en contra de la propia población.
Shirk considera que estos casos serán seguidos de cerca por agrupaciones como Human Rights Watch y la oficina de asuntos Latinoamericanos en Washington ya que ilustra por un lado grandes avances en contra del crimen organizado y por otro el riego que corren las autoridades mexicanas de verse tentados a violar los derechos humanos en contra de la seguridad.
“Estos casos contribuyen al sentimiento de muchos ONGs y expertos que han juzgado que esta es una guerra fallida que no se puede ganar y que tiene un efecto negativos para la democracia y los derechos humanos en México” explica Shirk, “es una gota en el mar que es esta situación de inseguridad en México, pero es una gota que apoya a los argumentos en contra de la estrategia actual”.

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