Piden Detener la Brutalidad Policiaca

<figure id="attachment_47505" aria-describedby="caption-attachment-47505" style="width: 300px" class="wp-caption alignright"><img loading="lazy" src="http://laprensa-sandiego.org/wp-content/uploads/2018/08/DSC_0074-300x20…; alt="" width="300" height="200" class="size-medium wp-image-47505" srcset="https://dev-laprensa.pantheonsite.io/wp-content/uploads/2018/08/DSC_007… 300w, https://dev-laprensa.pantheonsite.io/wp-content/uploads/2018/08/DSC_007… 1024w, https://dev-laprensa.pantheonsite.io/wp-content/uploads/2018/08/DSC_007… 1512w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px"><figcaption id="caption-attachment-47505" class="wp-caption-text">Mario A. Cortez | La Prensa San Diego</figcaption></figure>
Familias que han perdido a seres queridos a manos de la policía junto a varios líderes de la comunidad hicieron todo lo posible para llamar la atención sobre los disparos de la policía en varios eventos realizados en la región como parte del Día Nacional de Protesta para Detener la Brutalidad Policial.
En uno de los primeros eventos del día, Bri Rivera renovó el llamado para que se haga justicia a su tío, Raúl Rivera, quien padecía una enfermedad mental y fue asesinado por la policía en la comunidad de Néstor en mayo de este año.
 “Lo que le sucedió a Raúl no es un acto aislado de violencia, sino más bien un acto sistemático de violencia que tiene contexto histórico. Es un acto de violencia que afecta abrumadoramente a las personas de color”, dijo.
Ella tambien menciono que ha estado trabajando con un grupo de familias afectadas por la brutalidad policial que desarrolló una lista de demandas que incluyen presionar cargos por asesinato a oficiales responsables, promulgar acciones disciplinarias obligatorias para policías involucrados en asesinatos sin suspensión remunerada y la reasignación de fondos de las autoridades policiales a profesionales psicológicos y médicos.
El previo y actual liderazgo de la Fiscalía Condado fue cuestionado por varias personas a lo largo del día, incluido Richard Olango Abuka, el padre de Alfred Olango, quien recibió un disparo mortal en 2016 por un oficial de policía de El Cajón.
Alfred Olango recibió un disparo después de señalar lo que resultó ser un vaporizador de humo metalico. La hermana de Olango había llamado a la policía pidiendo ayuda, su hermano estaba actuando de manera errática. La ex fiscal de distrito Bonnie Dumanis descubrió que el tiroteo estaba justificado.
También hubo una conferencia de prensa para Earl McNeil, quien murió luego de ser arrestado en mayo de este año luego de sufrir un daño cerebral grave mientras estaba bajo custodia policial. En septiembre de este año, el fiscal de distrito Summer Stephan dijo que ni los oficiales de policía de National City ni los oficiales del alguacil de San Diego enfrentarían cargos por la muerte de McNeil.
El informe del médico forense dijo que podría haber sufrido un ataque cardíaco a causa de la metanfetamina encontrada en su cuerpo o por el largo período de tiempo que pasó bajo custodia policial.
Un informe reciente publicado en la revista médica Journal of Epidemiology & Community Health encontró que los afroamericanos, latinos y nativos americanos son asesinados desproporcionadamente por la policía.
Nadia Contreras con People Over Profits y varios otros hablaron sobre los beneficios de la criminalización.
“Valemos más muertos o encarcelados”, aseguro. 
Ryan “Flaco” Rising, un líder estudiantil de San Diego City College que salió de la cárcel hace tres años, también habló sobre los beneficios que las cárceles consiguen.
La oficina del analista legislativo de California indica que cuesta un promedio de aproximadamente 71 mil dólares por año encarcelar a un recluso en una prisión en el estado. Más de tres cuartas partes de los costos son para la seguridad y la atención médica de los reclusos. Desde 2010, el costo promedio anual ha aumentado en alrededor de 22 mil dólares o alrededor del 45 por ciento.
Terminar la práctica de usar el estrangulador en San Diego también surgió en una discusión 
en San Diego City College. Los estranguladores pueden causar daño cerebral permanente. La Coalición por la Justicia Racial de San Diego dijo que históricamente los estranguladores se han utilizado de manera desproporcionada contra las minorías.
Andrea St. Julian, con el Colegio de Abogados de Earl B. Guilliam, hizo un llamado para una junta de revisión policial más fuerte. Un esfuerzo por colocar el tema ante los votantes en las próximas elecciones fracasó en el Ayuntamiento a principios de este año. St. Julian también dijo que crear un nuevo panel podría tener un mayor impacto.
Aeiramique Glass, un practicante de justicia restaurativa, que asistió a varios de los eventos durante el día, habló sobre sus propias experiencias con el uso excesivo de la fuerza policial durante un arresto por protesta pacífica y también sobre la influencia de los sindicatos que representan a los oficiales de policía.
Glass también habló sobre la influencia de los sindicatos que representan a los policías. Dijo que varios jefes de policía le han dicho que quieren despedir a los oficiales, “pero los sindicatos de policía son muy poderosos”.
Durante una discusión en el panel de City College y en una vigilia en City Heights, otros hablaron sobre una mayor participación de la comunidad y otras alternativas a la vigilancia policial, incluida una menor participación policial como soluciones al uso excesivo de la fuerza.
Catherine Mendonca, cofundadora de United Against Police Terror ayudó a organizar una vigilia en City Heights. Ella habló sobre algunos de los cambios que ve que podrían ayudar a reducir los disparos de la policía. “hacer todo lo posible para evitar lo que la policía hace y no reaccionar a lo que hacen, reducir la necesidad de la policía”.
“Más programas basados en la comunidad, más servicios de salud mental. La policía no debe ser la primera en ser llamada para una evaluación de salud mental. Los médicos deben ser llamados, los trabajadores sociales deben ser llamados, no los hombres en uniformes con pistolas y tasers, sin embargo, si una persona PERT llega con la policía, ese es el problema. Llegan con la policía. Necesitamos técnicos médicos, alguien que pueda controlar la salud mental de una persona”.