Comentario:
Por Maribel Hastings
WASHINGTON, DC — Entre tantos escándalos, Bengasi, espionaje de récords telefónicos de periodistas de la AP por el Departamento de Justicia, el Servicio de Rentas Internas (IRS) auditando a grupos conservadores, que auguran más batallas partidistas y estancamiento legislativo, lo único que asoma con posibilidad de apoyo bipartidista y avance en el Congreso es la controversial reforma migratoria.
Y antes de que algunos de mis ex colegas, particularmente una, me acuse de haberme tomado el Kool Aid, como siempre me dice, o sea, de pecar de ingenua, quiero reiterar que una de mis promesas de fin de año fue tratar de ser menos cínica cuando de la reforma y el Congreso se trate, y por el momento, tanto la reforma como mi moderado cinismo van bien encaminados.
Que la reforma tiene opositores, ni quién lo dude; que cuando llegue a la Cámara Baja será una lucha campal lograr que sobreviva, pónganle el sello. Pero tampoco hay que dudar que supone una oportunidad legislativa para un cambio de política pública que beneficiará al país y a los inmigrantes y sus familias, con el bono extra de producir réditos políticos a demócratas y republicanos.
Esta semana el Comité Judicial del Senado reanuda el debate de enmiendas al proyecto bipartidista S. 744 y se discutirá el Título 2, el más controversial sobre visas para inmigrantes que contiene el corazón del proyecto: la vía a la ciudadanía para 11 millones de indocumentados.
Esa vía de 13 años enfrentará enmiendas que tratarán de alterarla como mínimo y de torpedearla como máximo, como la del senador republicano de Texas, Ted Cruz, que impide que los inmigrantes que se legalicen aspiren a la ciudadanía. Eso pide Cruz, nacido en Canadá, de madre estadounidense y padre cubano.
Y es posible que esta semana se ponga a prueba la cohesión del bipartidista Grupo de los Ocho en mantener ese acuerdo lo más intacto posible. Hay elementos de la vía a la ciudadanía y de las visas para inmigrantes, incluyendo la eliminación de ciertas categorías de familiares, y otros asuntos, que prometen interesantes momentos. El Miércoles la enmienda pasó a la audiencia Judicial y ahora es dirigida al pleno del Senado.
Pero todo apunta a que el S. 744 se encamina a un debate en el pleno del Senado de mayoría demócrata en junio, y ya hay inquietud por lo que pueda ocurrir, o no, en la Cámara Baja de mayoría republicana.
El jueves algunos integrantes del otro Grupo de los Ocho de la Cámara Baja, anunciaron un acuerdo preliminar de un proyecto bipartidista de reforma migratoria, y cuando menos uno de los cuatro demócratas, Xavier Becerra, de California y presidente de la bancada demócrata de ese organismo, no afirma que hay un acuerdo hasta no ver el lenguaje legislativo final de algunos componentes.
Becerra indicó a The Hill que “esperamos tener algo lo más pronto posible, estamos muy cercanos”.
Se anticipa que el plan se presente en junio y contenga una vía a la ciudadanía de 15 años, más larga que la de 13 en la versión senatorial y con requisitos más rigurosos, según reportes de prensa.
Si en el Senado de mayoría demócrata la lucha ha sido cuestarriba, el proceso en la Cámara Baja de mayoría republicana pondrá a todos a prueba, sobre todo a los liderazgos.
El G8 del Senado espera que si su proyecto se aprueba con 70 votos o más se envíe un mensaje contundente a los republicanos de la Cámara Baja a seguir el modelo senatorial.
Pero hay varios factores, entre esos, que la Cámara está gestando su propio proyecto bipartidista aparentemente con lenguaje más severo, y que el presidente del principal comité de jurisdicción, el Judicial, Bob Goodlatte, republicano de Virginia, quiere considerar la reforma migratoria por partes.
¿Qué hará el presidente de la Cámara Baja, John Boehner?
La semana pasada dijo que “me parece que la Cámara tiene que lidiar con esto (la reforma) y que tenemos que hacerlo de manera responsable”.
Ojalá que actuar responsablemente suponga no permitir que los extremistas dominen el debate y se lleven por delante cualquier proyecto que reciban.
O implique no seguir consejos suicidas como el formulado por el conservador grupo Heritage Action for America en una carta enviada a Boehner: explotar las crisis del presidente y evitar proyectos de ley que expongan las diferencias ideológicas de la conferencia republicana cameral. Hacerlo sería “imprudente”, según la carta.
No menciona la inmigración, pero nada como este tema para desplegar las diferencias de la bancada republicana.
En estos días la credibilidad de Heritage está lastimada por el desacreditado reporte de la Fundación Heritage sobre el “costo” de la reforma, y las teorías de corte racista de uno de los autores del informe que concluyó en una tesis doctoral que el coeficiente intelectual de los hispanos era menor al de los anglosajones.
Aunque hayan acciones cuestionables en los escándalos de la administración, imprudente sería permitir que una turba que grita “destitución” a cada oportunidad y que prefiere paralizar a legislar descarrile la reforma.
Imprudente sería que el deseo de negarle una agenda legislativa a Obama supere la necesidad de los republicanos de recuperar su viabilidad como alternativa nacional apelando al voto latino desechando la oportunidad que les brinda la reforma de lograrlo.
Sería imprudente, escandaloso por derecho propio y demostraría, por cierto, un bajo coeficiente intelectual.
Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America’s Voice