Comentario:
By Maribel Hastings
America’s Voice
Tras seis años de espera desde el último debate migratorio en el Congreso, este jueves comienza en el Comité Judicial del Senado la discusión del proyecto bipartidista del Grupo de los Ocho, S. 744, cuyo componente central es una vía a la ciudadanía para millones de indocumentados que llegaron a Estados Unidos antes del 31 de diciembre de 2011 y que llenen determinados requisitos.
El comité, integrado por 10 demócratas y ocho republicanos, es la primera escala del plan bipartidista que será deliberado por unas tres semanas y será sometido a enmiendas. Se habían presentado más de 300 enmiendas a la medida, algunas razonables, y otras presentadas mayormente por republicanos con la clara y evidente intención de retrasar el proceso legislativo y descarrilar el proyecto que es producto de un delicado y frágil acuerdo bipartidista. Por ejemplo, la del senador republicano de Texas, Ted Cruz, para evitar que los inmigrantes “que están o han estado voluntariamente sin documentos” sean elegibles a la ciudadanía. Es decir, propone deshacer el corazón del plan bipartidista.
El proyecto ofrece una vía a la ciudadanía de trece años para millones de indocumentados. Si el plan se convierte en ley, permitirá que quienes llenen los requisitos y completen el proceso de solicitud reciban de inmediato un Estatus de Inmigrante Provisional Registrado (RPI, por sus siglas en inglés) que les permite trabajar, viajar y los ampara de la deportación.
Deberán esperar 10 años para solicitar la residencia permanente, y una vez la obtengan, podrán solicitar la ciudadanía tres años después. Esa vía es más corta para los siguientes grupos: los Soñadores que ya tienen grados universitarios pueden solicitar la residencia en cinco años y la ciudadanía inmediatamente después; quienes lleven más de 10 años viviendo legalmente en Estados Unidos bajo un estatus de protección como TPS o DED, pueden solicitar la residencia en 2014 y tres años después la ciudadanía; y los trabajadores agrícolas que reciban la llamada tarjeta azul podrán solicitar la residencia permanente en cinco años si permanecen trabajando en la agricultura.
El plan también contempla mecanismos de seguridad fronteriza, así como reformas al sistema de inmigración legal para agilizar la reunificación familiar y reducir los rezagos migratorios. Cuando esos retrasos de inmigración legal se eliminen es que los inmigrantes RPI podrán obtener su residencia y eventualmente la ciudadanía.
Aunque el plan del Grupo de los Ocho es producto de un delicado acuerdo bipartidista, la oposición republicana ha presentado enmiendas para endurecer la vía a la ciudadanía o los mecanismos de seguridad fronteriza. La idea es hacer tambalear ese balance bipartidista inclinando la medida aún más a la derecha, y en el peor de los casos, tratar de matar el proyecto.
El debate promete plasmar la lucha interna del Partido Republicano entre un sector encabezado por el senador republicano de Florida, Marco Rubio, que se ha convertido en rostro del bando republicano del Grupo de los Ocho, y de quienes entienden que la reforma migratoria ofrece una vía a su partido para tratar de enmendar su maltrecha imagen entre los votantes latinos; y el sector integrado por otros republicanos, como los senadores Ted Cruz, John Cornyn, Jeff Sessions, Chuck Grassley y David Vitter, de Texas, Alabama, Iowa y Luisiana, respectivamente, cuya intención no es enmendar el proyecto sino matarlo.
El debate sobre la reforma migratoria ha servido de marco a la lucha interna por el futuro del Partido Republicano y su capacidad de atraer a votantes latinos y otras minorías y colocarse como alternativa política nacional.
Esa división quedó plasmada esta semana cuando la conservadora Fundación Heritage, presidida por un opositor de la reforma, el ex senador Jim DeMint, presentó su reporte sobre el costo a largo plazo de la reforma migratoria y fueron otros grupos conservadores que favorecen la reforma los que echaron por tierra las conclusiones del estudio por considerar que se basa en análisis inexactos que no contemplan los beneficios económicos de la legalización para los inmigrantes y sus familias y por ende, para el país.
Pero los esfuerzos por descarrilar el proyecto apenas comienzan y el debate que arranca este jueves supone el inicio de una carrera de obstáculos que de completarse con éxito en ambas cámaras del Congreso resultará en la primera reforma migratoria en casi 30 años.
Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America’s Voice